150 millones de euros en sanciones por prácticas abusivas
Contexto de la sanción
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado una sanción de 150 millones de euros dirigida a Ryanair, EasyJet, Vueling y Volotea. Esta medida se debe a diversas prácticas abusivas identificadas en el transporte aéreo, incluyendo el cobro adicional por el equipaje de mano en cabina. La sanción es el resultado de una investigación iniciada en junio de 2023, que abarcó a siete aerolíneas en total.
Quizá te interese: Los precios de los vuelos ‘lowcost’ se disparan en EspañaDetalles de las infracciones
Las infracciones específicas que han llevado a estas multas incluyen:
- Cobro extra por la reserva de asientos contiguos para menores y personas dependientes.
- Cargos adicionales por transportar equipaje de mano en cabina.
- Falta de transparencia en la información precontractual sobre los precios finales.
- Prohibición de pagos en efectivo en aeropuertos y a bordo.
- Suplemento de 20 euros por reimpresión de la tarjeta de embarque, una práctica exclusiva de Ryanair.
El Ministerio ha subrayado que, según la legislación vigente, las aerolíneas pueden establecer las dimensiones y pesos del equipaje de mano permitido a bordo, pero no pueden imponer cargos adicionales por ello.
Reacciones de la industria
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha expresado su fuerte oposición a la decisión del Ministerio. En un comunicado, la ALA ha argumentado que esta medida obligará a 50 millones de pasajeros a pagar por servicios adicionales que no necesitan, contraviniendo la normativa europea y afectando negativamente a los consumidores al limitar su capacidad de optar solo por los servicios indispensables.
Próximos pasos y posibles apelaciones
Las aerolíneas tienen la opción de recurrir la sanción ante el ministro en casación y, posteriormente, ante la Audiencia Nacional. Esta serie de sanciones podría obligar a las aerolíneas a revisar y posiblemente eliminar los cargos adicionales por el equipaje de mano, alineándose con las regulaciones europeas que prohíben dichos cobros extra.
Implicaciones para los consumidores
Estas acciones del gobierno español buscan proteger los derechos de los consumidores en el sector del transporte aéreo, garantizando mayor transparencia y equidad en las tarifas aplicadas por las aerolíneas de bajo costo.
Los consumidores podrían beneficiarse de una mayor claridad y equidad en los costos asociados a sus vuelos en el futuro, aunque la realidad es que nos embarcamos en un proceso judicial de difícil solución mercantil a corto plazo.
De cualquier modo, las compañías sancionadas podrían optar por seguir con las mismas políticas, pues hay voces que apuntan a que las sanciones emitidas por el Gobierno español son inferiores a las rentas que obtienen por el cobro de estas tasas.